Nueve años por nada: la historia de Richard Mamani y la justicia que llegó tarde

El 27 de julio de 2025, cuando las puertas del penal de Morros Blancos se abrieron, Richard Mamani Martínez, del municipio de Villa Charcas, volvió a sentir el viento en la cara. Tenía 28 años y una vida suspendida. Había entrado con 19, acusado de violar a una niña. La justicia le había impuesto 20 años de prisión por un delito que nunca cometió. Nueve años después, con la mirada cansada y dos bolsas en las manos, el Estado apenas reconocía su inocencia.

“¿Quién me devuelve mis años? ¿Quién me arregla eso?”, preguntó con lágrimas al salir. Había sobrevivido al encierro, pero no a la pérdida del tiempo. Su cuerpo lleva las marcas del trabajo forzado y su mente, el peso de un miedo que no se disuelve ni con el aire libre.

Antes de caer en esa pesadilla, Richard trabajaba en la construcción de la represa de Chaullamayu, Villa Charcas. No terminó la primaria, hablaba quechua y ayudaba a su familia en las labores del campo. El 27 de julio de 2016, cuando visitaba a su abuela en una comunidad de su municipio, la Policía llegó buscándolo. Pensó que era un malentendido. No lo fue. Lo llevaron directo a Morros Blancos, uno de los penales más violentos de Bolivia. Nunca volvió a ser el mismo.

Dentro del penal, lo golpearon, lo humillaron, le quitaron el habla. Le ofrecieron declararse culpable para reducir su pena. Rechazó la propuesta, convencido de que algún día alguien escucharía su verdad. “Querían que me eche la culpa. Pero ¿cómo me voy a echar la culpa de algo que no hice?”, recuerda. Los años siguientes fueron de oscuridad, de golpes y de silencio.

Su refugio apareció en el rostro sereno del padre Miguel Sotelo, un sacerdote y terapeuta español que trabaja desde hace décadas con los reclusos de Tarija. Lo escuchó, lo contuvo y lo hizo parte de la Pastoral Social Carcelaria. Juntos construyeron, con donaciones y las manos de los presos, un centro multifuncional con capilla, biblioteca y sala de terapia. Paradójicamente, en ese mismo edificio, nueve años después, Richard recibió su mandamiento de libertad.

La verdad que tardó en llegar

La condena de 20 años fue dictada en 2019 por un tribunal de Camargo que nunca pidió pruebas de ADN ni verificó los hechos. Todo se basó en una sola declaración: la de su prima, una niña presionada por su hermana para culparlo y encubrir a su propio esposo, el verdadero agresor. Richard fue enterrado en vida mientras la justicia dormía.

La verdad emergió en febrero de 2023, cuando la víctima, ya mayor de edad, se presentó en la plaza de Tarija y habló ante los medios: “El verdadero autor es mi cuñado, y mi hermana me obligó a mentir”. Esa confesión estremeció a la ciudad, pero la burocracia judicial demoró dos años más en corregir el error. En julio de 2025, la magistrada Rosmery Ruiz Martínez firmó la anulación de la sentencia y su absolución definitiva. “Es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente”, dijo.

La abogada Rosmery Peralta fue su otra tabla de salvación. Llegó a su vida en 2023, cuando el padre Miguel le envió una carta pidiendo ayuda. Peralta, exdirectora del Servicio de Prevención de la Tortura, tomó el caso ad honorem. Fue ella quien presentó la revisión extraordinaria y denunció las irregularidades del juicio: una investigación sin pruebas, una fiscalía ausente y una defensa pública negligente.