Sin identidad ni comunicación, Segundino vivió ocho años en la árcel como detenido preventivo

Segundino Martínez Ortiz es su nombre, pero no existe constancia documental que lo corrobore. Con una discapacidad auditiva severa, lo denunciaron por supuestamente haber violado a una adulta mayor y lo encarcelaron en 2017. Se dice que el crimen fue cometido en su comunidad, La Loma del municipio de Culpina, pero extrañamente apareció cumpliendo detención preventiva en la cárcel San Roque de Sucre cuando debió ser trasladado a la carceleta de Camargo por cercanía. Al hombre le calcularon su edad, ahora, “oficialmente”, tiene 39 de los que ocho llevaba encerrado sin haber recibido una sola visita, desde que ingresó a la sección Población del recinto penitenciario de la Capital. Este caso evidenció fallas en el sistema judicial que en dos acciones desesperadas intentó mandarlo al Psiquiátrico Gregorio Pacheco y al Hogar de ancianos 25 de Mayo, hasta que el 7 de noviembre lo enviaron al Centro de Rehabilitación de alcohólicos Peniel de Yotala para cumplir detención domiciliaria.

DESCRIPCIÓN DEL HOMBRE

Segundino es de estatura baja, de tez blanca, lleva un bigote bien cuidado y una gorra con visera de la que rara vez se desprende. Su rostro casi siempre se ilumina con una sonrisa, que se transforma cuando siente que es objeto de burla o engaño.

Toda su vida vivió dedicado a la agricultura y al pastoreo trabajando la mayor parte de su vida trabajando como peón. Antes de su encarcelamiento, era dependiente de la familia Mogro en La Loma, según cuenta María de la comunidad de Pilaya.

En la cárcel, el tiempo le enseñó el oficio de carpintero. Cada vez que ingresaba al taller de San Roque, lo hacía protegido por un overol para resguardar la escasa ropa que tiene y otras pertenencias que celosamente guarda en una caja de madera que el mismo construyó.

¿POR QUÉ LO ENCARCELARON?

Ni él mismo puede comunicarlo. Durante los ocho años que estuvo en la cárcel, nunca dio a entender el motivo de su detención, cuenta Ángel, delegado Jurídico de la sección Población.

El documento de imputación señala que Segundino violó a una anciana de 81 años con problemas de visión y audición. La denuncia fue presentada por María Cazón, vecina de la víctima, quien fue consignada como la denunciante.

Según la declaración de la testigo, el 10 de septiembre de 2017 encontró a Segundino en el acto de violación y le arrojó piedras para que dejara libre a la anciana. La testigo también afirma que, en otra ocasión, Segundino ató de manos a la adulta mayor para violarla. Además, la denunciante lo acusó de robar en las casas.

En ese entonces. El fiscal de Culpina, Roberto Maidana, el 22 de septiembre de 2017, recibió las declaraciones de María y de la víctima que solo pudo responder: “Cada vez viene y me pega, me rasguñea, y me lo rompe hasta mi ropa. Me agarra de mi cuello y me amarra con pita”.

Esta fue la única respuesta que hilvanó la anciana a la pregunta del fiscal. Luego, Maidana pone en su informe que “la señora escasamente escucha y no se lo puede hacer preguntas”, pero más adelante hace constar que “relata con las mismas palabras repetidas veces que el denunciado la agrede sexualmente”.

“DECLARACIÓN” DE SEGUNDINO

Tres días más tarde, Segundino fue aprehendido y convocado a declarar. A pesar que no habla ni escucha, Maidana escribió en el “Acta de declaración informativa Segundino Martínez Ortiz Caso FIS: CUL-067/2017”, lo siguiente: “Se le comunica el hecho que se le atribuye con todas las circunstancias de tiempo, lugar y forma de la comisión en base al informe policial…”

A continuación, el acta registra:

“Pregunta: Se le consulta si voluntariamente decide prestar su declaración informativa.

Respuesta: No voy a declarar. Me abstengo”.

Se aclara que, en ese entonces, el imputado con discapacidad auditiva severa, no tenía intérprete de señas y que solo estaba con “su abogado defensor”. Además, Segundino no contaba con ninguna documentación que diera fe de su identidad.

LA APREHENSIÓN

Luego de que la víctima fue sometida a un examen forense, el fiscal del caso ordenó la aprehensión del sospechoso y lo imputó formalmente por violación.

Curiosamente, un juez de Culpina dispuso su encarcelamiento preventivo en la cárcel San Roque de Sucre, en lugar de ordenar el encierro en la carceleta de Camargo por estar cerca del lugar donde se habría cometido el crimen. Segundino no fue asistido por ninguno de sus familiares.

OCHO AÑOS SIN FAMILIA

Desde que Segundino fue aprehendido el 22 de septiembre de 2017, perdió todo contacto con su familia hasta la fecha. (12 de noviembre de 2025).

Así lo corrobora el delegado Jurídico de la cárcel, Ángel; la trabajadora social de Régimen Penitenciario, Maribel Balderrama; y la directora de Defensa Pública de Chuquisaca, María Elena Méndez.

“No cuenta con familiares, aquí tampoco al penal ha venido a visitarle nadie, no ha venido nadie a verificar sobre este señor o a reclamar sobre este señor”, declara Méndez.

Balderrama dice que se hizo buscar a su familia, “pero nadie dijo nada o tal vez dijeron, menos uno. Así menos una carga. Listo. Que se vaya (…) Quizás eso ha pensado su familia”.

ADQUIERE IDENTIDAD

A fines de 2022, el caso de Segundino se hizo visible en una de las visitas carcelarias de autoridades judiciales y defensoras de derechos humanos, cuando el denunciado ya sumaba cinco años como detenido preventivo.

Sin embargo, Ángel cuenta que, a partir de 2020, comenzaron a indagar sobre la identidad de Segundino Martínez Ortiz con el apoyo de Régimen Penitenciario y la Pastoral Social en el Servicio de Registro Cívico (Serecí), pero sin éxito.

Dos años más tarde, la Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, Pastoral Carcelaria y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos se involucran decididamente en el caso e inician gestiones para darle una identidad a Segundino en base a los antecedentes de su expediente.

La primera decisión: bautizarlo en la Iglesia Católica y con ese certificado comenzar el trámite de obtención del carnet de identidad. Discrecionalmente, acordaron que su fecha de nacimiento sería el 10 de agosto de 1986. Le calcularon 37 años de edad, hoy cuenta con 39. Su carnet de identidad fue expedido el 2 de marzo de 2023.

A continuación, le tramitan su carnet de discapacitado que fue expedido el 29 de septiembre de 2023.

HOMÓNIMO

La trabajadora social de Régimen Penitenciario asegura que, durante la investigación de la identidad de Segundino, se encontró a otro Segundino Martínez Ortiz, curiosamente, quien, pertenece a la misma comunidad. “Coincidencia que en el lugar donde han sucedido los hechos haya otra persona con esos mismos datos”, sostuvo.

El delegado Jurídico recuerda que entre 2020 y 2022 “hemos encontrado a una persona, un homónimo, un muchacho de 21 años más o menos, mucho más jovencito, lo hemos conocido, yo lo conocí por foto, porque trajo la trabajadora social. Nos mostró: ‘este es un Segundino Martínez Ortiz’, nos mostró en su celular”.

Este hallazgo inmediatamente generó fuertes conjeturas.

La trabajadora social, Balderrama, cuestiona: “¿Quién sabe si esa persona pensante cometió el hecho y como él (Segundino) es una persona con discapacidad, que no puede decir que sí o no ha sido, que no se puede defender, le han echado la culpa a él? Hay esa duda más todavía”.

Por su parte, Ángel también razona en la misma línea: “En algún momento habíamos pensado que se habrían aprovechado del mudito y que ese otro Segundino habría cometido el delito y le echaron la culpa al mudito, pero nunca hemos llegado a corroborar nada”.

Y colocación saca el bajo nivel de comunicación que tiene Segundino: cuando se intenta recoger alguna información con señas sobre el motivo por el que está encarcelado “nunca” refiere algún indicio. “Estoy seguro que no sabe por qué está imputado. No hay cómo explicarlo, no hemos podido tampoco extraer información. Dónde, cómo, no se puede”, afirma Ángel.

“Entonces, yo creo que la interrogante es, para mí, desde mi punto de vista, si este Segundino (con discapacidad auditiva) es realmente Segundino Martínez Ortiz” el supuesto violador, afirma la trabajadora social.

CLASES DE SEÑAS

El delegado Jurídico es una de las personas que más cerca estuvo de Segundino de quien se declara su protector. Ángel da fe que “no tiene lenguaje de señas, no ha conocido, no ha habido quien le enseñe”.

La directiva de los privados de libertad y el director de la cárcel, mayor Alfredo Miranda, gestionaron la presencia de una maestra para que imparta un curso de lenguaje de señas a Segundino al que también se inscribió Ángel. “Yo también lo estoy tomando para aprender y poder comunicarme con él”, asegura.

Su capacitación comenzó en septiembre y “ha aprehendido rápido a copiar”, algo que se corrobora viendo su cuaderno de prácticas. “Ya se le enseñó que ese es su nombre (Segundino Martínez Ortiz) y él lo copia”, dice.

Balderrama, por su parte, reconoce que Segundino “ya está aprendiendo a escribir” y que mediante señas puede comunicar cómo se dice hombre y mujer, por ejemplo.

PRIMERA VISITA

Durante ocho años, Segundino no recibió ninguna visita. Nadie preguntó por él, ni familiares ni amigos. En mi afán de investigar este caso, el 23 de septiembre, decidí acercarme, registrándome como su visita.

Compré panes y dulces, y con la ayuda del delegado Jurídico me acerqué a Segundino que estaba trabajando en la carpintería y le entregué la bolsa. Me recibió con una amplia sonrisa y apenas atiné a darle unas palmadas en la espalda. Decirle algo, me fue imposible.

Conversé con sus maestros, me contaron que en la carpintería hace de todo, arma mesas, sillas, roperos y cómodas, por ejemplo, que aprende rápido y lo único que no le confían es la sierra eléctrica.

Mientras hablábamos, Segundino permanecía al lado nuestro, incluso hizo una demostración de las cosas que puede hacer. En un determinado momento se llevó su mano derecha a su muñeca izquierda como señalando un reloj y me hizo la seña de que me fuera. Quedé sorprendido, pero sus maestros me explicaron que me estaba diciendo que “me vaya porque ya es hora que las visitas dejen la cárcel, ya están cerrando la puerta”.

BATALLA JUDICIAL

La directora departamental de Defensa Pública de Chuquisaca, María Elena Méndez, narra que, a partir de junio de 2022, empieza una batalla legal para lograr la libertad de Segundino, en vista que su caso se había “estancado” durante cinco años.

El 24 de junio se plantea la cesación de la detención preventiva, pero mediante el auto de vista N° 291/2022 se declara improcedente. A continuación, se insiste con una apelación y el resultado fue el mismo.

En agosto del mismo año, Defensa Pública recurre a una acción de libertad e interpone acción tutelar contra el auto de vista N° 291/2022. Mediante la sentencia constitucional N° 001/2022 se declara procedente ordenando a la Sala Penal emitir un nuevo auto de vista.

En consecuencia, el 6 de septiembre de 2022 mediante auto de vista N° 361/2022, la Sala Penal revoca el auto del 24 de junio y dispone la detención domiciliaria de Segundino. Pero, ¿a dónde iba a ir sino tenía casa ni trabajo menos familiares?

Méndez narra que, tras ese triunfo judicial, el 22 de septiembre se activa otro recurso con la finalidad de lograr la nulidad del proceso. Entonces, se interpone un incidente de nulidad de obrados por actividad procesal defectuosa.

La respuesta llega el 5 de enero de 2023 mediante el auto N° 1/2023 que declara fundado el incidente y dispone la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo.

Empero, el Ministerio Público, el 30 de mayo, por auto de vista N° 231/2023, apela esa determinación. Logra que se declare procedente,

anula el auto N° 1/2023 e instruyendo la emisión de un nuevo auto.

La batalla judicial sigue adelante, 6 de junio de 2023 se presenta una acción de libertad de carácter reparadora contra el auto de vista N° 231/2023. La respuesta se conoce un día después: “declara la improcedencia de la acción tutelar, quedando incólume el auto de vista N° 231/2023”.

El 15 de junio de 2023 se dispone la prosecución del juicio y se ordena un reconocimiento psiquiátrico de Segundino. A esto Defensa Pública plantea una apelación, que es declarada improcedente el 1 de septiembre de 2023.

En conclusión, Defensa Pública logró que Segundino cumpla detención domiciliaria, pero no se alcanzó a anular el juicio, por lo que el proceso debía continuar.

HAY QUE PARAR EL JUICIO

Pese a esa decisión, Defensa Pública consideró que el proceso no debía seguir, pues “no podía convalidar que el juicio oral continuara sin tener la certeza sobre el entendimiento o no del mismo proceso penal por parte del acusado”, dice Méndez

Entonces, el 19 de septiembre de 2023 se plantea incidente de enajenación mental a favor de Segundino. De manera paralela se gestiona su carnet de discapacidad, el cual describe una “discapacidad múltiple, es decir, hipoacusia e intelectual”, recuerda la abogada.

El 16 de octubre, se declara fundado el incidente de enajenación mental a favor de Segundino y se ordenó su traslado inmediato al psiquiátrico Gregorio Pacheco.

¿DÓNDE LLEVARLO?

La trabajadora social de Régimen Penitenciario recuerda: “Nos decían que se le puede internar en el psiquiátrico por una decisión judicial”, pero luego de que le realizaron los estudios, el resultado fue que “no tiene criterios de internación, aparte que no es un lugar de acogida”.

Méndez explicó por qué la orden no se ejecutó: “La presente orden de traslado, lamentablemente, no pudo ser ejecutada, toda vez que se llevó al usuario a esta institución, el mismo no fue admitido, aduciendo que no se contaba con los criterios de internación, siendo que dicha instancia atiende a enfermos mentales y no así a discapacitados mentales”.

Tras este rechazo, se recurrió al Servicio Departamental de Salud para que pudiera informar dónde podría ser traslado Segundino. A partir de esta y otras consultas, surgió la posibilidad de que fuese internado en el Hogar de Ancianos 25 de Mayo. Sin embargo, esta opción no prosperó porque inmediatamente surgió la duda de su antecedente: supuesto violador de una adulta mayor.

AL CENTRO PENIEL

En ocho años de cárcel, Segundino construyó su propio ambiente y se acostumbró a su rutina. Trabajaba en la carpintería de día y de noche iba a pernoctar a una sala común donde estaban 80 privados de libertad. Dormía en el suelo, arrinconaba un colchón que compartía con otra persona, doblaba sus cosas y las guardaba en su caja de madera, la cual dejaba en la carpintería.

“La cárcel, aunque sea de oro, no deja de ser cárcel”, afirma Balderrama. Por esa razón, junto a otras instituciones se insistió en buscarle un lugar donde pudiera cumplir su detención domiciliaria.

Segundino, por su parte, también ejercía presión sobre su libertad: “‘me voy a ir’, dice, ‘me voy a ir’. Así, así (expresa la seña de ‘me quiero ir’)”, cuenta la trabajadora social.

Finalmente, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública y Régimen Penitenciario lograron que el Centro de Rehabilitación para alcohólicos Peniel de Yotala abriera sus puertas a Segundino.

El director departamental de Régimen Penitenciario, Carlos Saavedra, informa que Segundino fue trasladado de la cárcel San Roque al Centro Peniel la tarde del viernes 7 de noviembre.

Al ser consultado sobre el futuro de sus clases de audiología, el delegado defensorial del Pueblo en Chuquisaca, Humberto Mayorga, asegura: “Él continuará pasando clases una vez a la semana”. Para garantizar esto, “se ha pedido a Codepedis (Comité Departamental de la Persona con Discapacidad), que tiene un vehículo, que puedan trasladar a las maestras al centro”.

Además, Mayorga afirma que Segundino no pasará clases solo, sino que también se involucrarán educadoras del centros y residentes como una terapia ocupacional.

LA FISCALÍA

Consultado sobre el proceso judicial, el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, declara que “ya se encuentra en la etapa de juicio oral”, pero que está paralizado debido a que la defensa ha interpuesto un incidente de interdicción por su estado mental.

Nota aclaratoria: la interdicción es un proceso judicial mediante el cual se declara que una persona es incapaz de administrar sus propios bienes o de tomar decisiones por sí misma debido a una discapacidad mental o psíquica.

Nava Morales confirma que la justicia ha dispuesto la internación del acusado en algún centro de ayuda mientras se resuelva el incidente y se conozcan los resultados de la evaluación. El fiscal advierte: “Si se declara interdicto, el proceso igual se paralizará hasta que supuestamente se recupere”.

VIOLACIÓN DE DERECHOS

El delegado defensorial del Pueblo en Chuquisaca, Humberto Mayorga, explica que, durante los ocho años de encierro de Segundino como detenido preventivo, se vulneraron sus derechos a un debido proceso, a la comunicación y a la identidad.

Hace énfasis en la comunicación, comparando con una situación lingüística: “Es como someter a una persona quechuista, que no conoce el español, y que todo fluya sin que sepa cuál es la dimensión, la dimensión del delito, el alcance del delito, la afectación, las circunstancias a las cuales se va a enfrentar en el futuro”, dice.

Recuerda que Segundino hoy en día, “recién está aprendiendo a comunicarse, está aprendiendo a hablar como un niño” y esto demuestra, incluso, que se vulneró su derecho a la educación.

Sobre la vulneración de su derecho a la identidad también es evidente: hasta marzo de 2023 Segundino no tenía certificado de nacimiento y carnet de identidad. Por ello, se tuvo que recurrir “a un nombre y datos convencionales” para construir una identidad.

TIENE FAMILIA

En ocho años de encierro, todos se preguntaban si Segundino tenía familia o no, dado que nadie había ingresado a la cárcel a visitarlo. Como parte de este trabajo, indagamos el caso en Culpina.

Allí, durante una feria comercial de los domingos, contactamos con dos mujeres de la comunidad de Pilaya, vecina de La Loma, quienes por razones obvias pidieron mantener sus nombres en reserva.

Luego de haberles mostrado la fotografía de Segundino, las mujeres precisaron que es de La Loma, sector Potrero Loma. Que su padre se llama Martín, de más de 80 años de edad. Sus hermanos son José, Marcos, Mateo, Santusa, Lucía y Lidia. Indicaron que todos son de escasos recursos económicos y que quizá por eso no pudieron viajar hasta Sucre para visitar a su hermano. Conseguí el número de teléfono de uno de ellos, pero no contestó a mis llamadas.