Evistas decretan "tregua humanitaria" y levantan bloqueos en el país

Tras dos semanas de movilización sin lograr la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial, las organizaciones afines al líder cocalero determinaron este domingo una “pausa humanitaria” en los bloqueos de caminos, aunque anunciaron que continuarán con otras medidas de presión en distintas ciudades del país.

En la región de los Cintis, los campesinos de San Lucas bloquearon la ruta Camargo-Potosí en el sector de Sivingamayu para cortar la conexión norte-sur, sin perjudicar a la actividad minera de San Lucas, que lleva plomo, zinc y plata a Potosí.

La decisión fue asumida durante una reunión de emergencia del denominado Pacto de Unidad, en coordinación con el Estado Mayor del Pueblo, el pasado 14 de junio.

El dirigente campesino Vicente Choque confirmó la determinación y afirmó que la medida responde a la preocupación por los recientes hechos de violencia. “Lo que ha pasado en Llallagua es como la masacre de Catavi y San Juan, eso está confirmado. Derechos Humanos ya verificó cuatro fallecidos en la morgue”, denunció en declaraciones a radio Erbol.

Choque acusó al exministro Hugo Moldiz y al excomandante Johnny Aguilera de estar detrás de lo que calificó como una “matanza” y responsabilizó a la prensa de “ocultar las muertes y desaparecidos” del sector evista. “Pedimos una investigación internacional. Hay detenidos, desaparecidos… y eso es muy grave. Pido públicamente a Andrónico Rodríguez que se pronuncie”, declaró.

En paralelo, el pronunciamiento del bloque evista declara duelo nacional por los fallecidos en Llallagua y Tacopaya, e instruye rendir homenaje flameando la wiphala con crespones negros.

También exige una comisión internacional independiente para esclarecer los hechos, además del rechazo de nuevos créditos por parte del Legislativo, el fin de la persecución a dirigentes y el repliegue inmediato de fuerzas policiales y militares de las zonas de conflicto.

“El paro en las rutas es temporal, pero la lucha sigue”, señala el documento, que anticipa que las protestas continuarán mediante marchas, cacerolazos y concentraciones urbanas. Los sectores movilizados calificaron al gobierno de Luis Arce como “corrupto e incapaz” y declararon como “enemigos del pueblo” a los ministros de Gobierno y Defensa.