Diputadas entregarán 30 reconocimientos en Camargo

La delegación provincial de Azurduy de la Gobernación de Chuquisaca aseguró que, a partir de la próxima semana, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se hará cargo del mantenimiento de la ruta Transversal Juana Azurduy de Padilla, que atraviesa varios municipios del departamento.

Segundino Martínez Ortiz es su nombre, pero no existe constancia documental que lo corrobore. Con una discapacidad auditiva severa, lo denunciaron por supuestamente haber violado a una adulta mayor y lo encarcelaron en 2017. Se dice que el crimen fue cometido en su comunidad, La Loma del municipio de Culpina, pero extrañamente apareció cumpliendo detención preventiva en la cárcel San Roque de Sucre cuando debió ser trasladado a la carceleta de Camargo por cercanía. Al hombre le calcularon su edad, ahora, “oficialmente”, tiene 39 de los que ocho llevaba encerrado sin haber recibido una sola visita, desde que ingresó a la sección Población del recinto penitenciario de la Capital. Este caso evidenció fallas en el sistema judicial que en dos acciones desesperadas intentó mandarlo al Psiquiátrico Gregorio Pacheco y al Hogar de ancianos 25 de Mayo, hasta que el 7 de noviembre lo enviaron al Centro de Rehabilitación de alcohólicos Peniel de Yotala para cumplir detención domiciliaria.

El 27 de julio de 2025, cuando las puertas del penal de Morros Blancos se abrieron, Richard Mamani Martínez, del municipio de Villa Charcas, volvió a sentir el viento en la cara. Tenía 28 años y una vida suspendida. Había entrado con 19, acusado de violar a una niña. La justicia le había impuesto 20 años de prisión por un delito que nunca cometió. Nueve años después, con la mirada cansada y dos bolsas en las manos, el Estado apenas reconocía su inocencia.